El ICE dejó de actualizar su sistema de localización de detenidos con órdenes finales de expulsión, dificultando el rastreo por parte de abogados y familiares. La medida no anunciada complica las impugnaciones legales de último minuto y genera preocupación por el debido proceso.
La práctica afecta a miles de personas, aumentando la presión para aceptar la deportación. Algunos centros de detención están exentos de esta política, pero la falta de transparencia genera pánico y afecta la relación abogado-cliente.
